Los municipios como entes más cercanos al ciudadano son aquellos que deben responder a las demandas de la población y en su caso anticiparse a las problemáticas que como consecuencia de la propia evolución de la ciudad pudieran surgir, por ello, tratamos de facilitar aquí, el marco jurídico definido por la normativa estatal, autonómica y local en materia de Tráfico.

Tal normativa versa sobre aspectos tan esenciales como, la regulación de mecanismos que den soluciones a problemas tales como, el tráfico rodado, el aparcamiento y las zonas de estacionamiento regulado, facilitar el uso peatonal y su convivencia con la circulación de vehículos a motor, así como de instrumentalizar las técnicas necesarias para satisfacer estos objetivos, junto con la concepción una visión anticipada de las nuevas necesidades que puedan acontecer en la ciudad en relación a la recuperación de ciertos espacios para el uso peatonal.

Todo ello en base a las competencias atribuidas a los municipios en el artículo 25.2 g) de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local que confiere a los Municipios competencias sobre la materia de ordenación del Tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas, junto con el artículo 7 el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, en el Reglamento General de Circulación aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre así como en el Reglamento General de Vehículos aprobado por Real decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, tras la modificación efectuada, en ambos reglamentos por el Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre, (publicado en el BOE de 11 de noviembre de 2020), modificación en materia de medidas urbanas de tráfico.